Días atrás, el Presidente Piñera envió un veto a la
nueva ley de TV digital. Algo insólito, pues fue discutida por más de una
década, tramitada por su propio Gobierno, aprobada por el Senado y celebrada
por el subsecretario de la cartera. Incluso, el Tribunal Constitucional
ratificó la legalidad de la noción de “pluralismo” en cuanto a que debe
representar la “diversidad social, cultural, étnica, política, religiosa, de
orientación sexual e identidad de género”.
Cabe preguntarse si el
cuestionamiento del Ejecutivo a esta nueva ley es lo suficientemente
trascendental como para pasar por encima de dos instituciones y no cumplir con
la promesa de tener televisión digital para el fin de su mandato.
El Gobierno vetó la ley con el argumento de que
imponer una determinada definición de pluralismo implica una intromisión en la
línea editorial de los medios y, por lo tanto, atenta contra la libertad de
expresión. Por otro lado está el argumento de que la libertad de expresión no
sólo contempla los derechos de los medios, sino que también el derecho de la
población a estar debidamente informada.
En definitiva, estamos trancados en
una discusión eterna de principios. A mi juicio, es un tanto estéril intentar
regular conceptos tan generales como el pluralismo. Dada la diversidad de
medios de comunicación y fuentes de información existentes, son los
telespectadores, las redes sociales y los usuarios los que finalmente tienen el
poder para discernir si tal o cual medio es suficientemente pluralista e
independiente.
Las normativas vetadas por el Gobierno se
fundamentan en buenas intenciones, pero hay que reconocer que son bastante
inútiles. No va a cambiar la calidad de la televisión abierta por mucho que se
les exija a los canales subir de 2 a 4 horas semanales la trasmisión de
programas “culturales”, junto con la obligación de trasmitir campañas de
“utilidad pública”. El veto presidencial sostiene que tal disposición impone
arbitrariamente una carga a los canales violando la igualdad ante la ley, debido
a que otros medios, como la radio, no tienen dicha obligación.
El
contraargumento es que la televisión ocupa un espectro radioeléctrico limitado
y perteneciente a todos los chilenos, por lo cual la ciudadanía tiene el
derecho a exigir que el “interés público” esté resguardado. Nuevamente estamos
frente a una discusión que en la práctica ha perdido relevancia. Primero,
porque el concepto de “cultura” es tan amplio, que finalmente todos los canales
terminan “cumpliendo” la cuota impuesta. Lo mismo ocurre con las campañas de
servicio público. Los canales viven y se alimentan del drama humano, razón por
la cual siempre están dispuestos a difundir estas campañas.
Si el Ejecutivo y el Legislativo están interesados
en resguardar la calidad de nuestra futura televisión digital, entonces lo
lógico es preocuparse de que TVN cumpla en forma integral su rol público. La
calidad de la TV chilena mejoraría sustancialmente si existiera una verdadera
competencia entre la TV pública y la privada, lo cual requiere que la
programación de TVN sea diferente y alternativa. Esto no significa quitarle
competitividad a la emisora pública. Por el contrario, si la gestión
programática se realiza con profesionalismo, calidad y creatividad, entonces lo
más probable es que Televisión Nacional incluso recupere el liderazgo perdido.
Por otro lado, si los canales privados —por la
razón que sea— no están dispuestos a apostar por la innovación, variedad de
contenidos y formatos, entonces es obligación del estado subsidiar a TVN para
que cumpla con estas demandas y necesidades. Aún más, si queremos resguardar la
libertad de expresión y el pluralismo, entonces sería muy conveniente que el
Estado también se preocupara de que internet y la banda ancha lleguen al
conjunto de la población. El resto es una discusión bizantina. Así de simple.
Para Tejemedios escribe:
JUAN CARLOS ALTAMIRANO
LICENCIADO EN SOCIOLOGÍA UNIVERSIDAD DE ESSEX
MÁSTER EN CINE ROYAL COLLAGE GRAN BRETAÑA